Se disparan las multas a patinetes eléctricos en Barcelona

Se disparan las multas a patinetes eléctricos en Barcelona

En los siete primeros meses de 2019 se obligaron 10.197, tres ocasiones más que en todo el año 2018.

En la situación de los de ‘sharing’, por ahora prohibidos, las sanciones se multiplicaron por 4.

Las causas frecuentes de las denuncias son circular por sitios vetados y no tener licencia.

Las sanciones de la Guàrdia Urbana a vehículos de movilidad personal (vmp), entre los que reinan los patinetes eléctricos, se han disparado este año en Barcelona. Si en todo 2018 se obligaron 3.512, solo entre los meses de enero y julio de 2019 se contabilizaron 10.197, tres ocasiones más. Son datos que han facilitado a 20minutos.es fuentes del Ayuntamiento, que atribuyen este aumento más que nada al «incremento de la existencia de estos transportes» –no hay un censo pero a la visión está–, más allá de que hasta septiembre del último año la actividad sancionadora fue más baja porque se dio un tiempo para que los individuos se habitúan a la normativa para VMP, aprobada en 2017.

 

Las cantidades apuntan que en la situación de los de uso especial, las multas a lo largo de los siete primeros meses del año en curso fueron 3.167, dos ocasiones más que en todo el último año (1.898). En relación a los de alquiler compartidos, reflejan que se obligaron 6.580 de enero a julio de 2019, un número que multiplica por 4 el de 2018 (1.614).

Si las sanciones se incrementaron más en este último grupo fue porque además de crecer la proporción de VMP de ‘sharing’ en Barcelona, este año ha incrementado la presión de la Urbana sobre estos artefactos, que se mueven por la localidad aunque lo tienen contraindicado hasta que el Ajuntament elabore una regulación específica para ellos, sospechada para el siguiente abril.

En relación a las causas de las multas, de entre 100 y 500 euros, los datos municipales detallan que en la situación de los VMP particulares, la primordial es circular por sitios que tienen vetados. De las 3.167 multas que se obligaron a estos artefactos en los siete primeros meses del año en curso, 1.517 fueron por esto. Les siguieron muy de cerca las sanciones motivadas por una circulación de peligro (1.516), que se otorga, comentan fuentes municipales, «por ejemplo, cuando se conduce con auriculares o de manera temeraria».

Entre los VMP de alquiler, la mayor parte de denuncias, 3.787 de 6.580, fueron por no tener licencia y en el segundo puesto del top se situaron las que se obligaron por estacionar incorrectamente (2.768), entre otras cosas, en aparcamientos para bicicletas o atados a advertencias de tráfico, farolas o semáforos.

Hasta principios de septiembre, el Ayuntamiento solo perseguía a los transportes de movilidad personal de ‘sharing’ por medio de la actividad sancionadora, pero desde entonces dió un paso más y los requisa, ya que las multas no han servido para que las compañías que los explotan dejen de operar en Barcelona.

De acuerdo con la información que maneja el Consistorio, hay dos empresas de alquiler, Reby y Bird, que dan patinetes, y otra, Looper, sillas de ruedas eléctricas, un modo que el gobierno municipal no piensa aceptar ni cuando esté lista la normativa para los VMP, ya que cree que estos transportes tienen que ser solo para personas con movilidad achicada.

El pasado 10 de septiembre, afirmó la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, la Guàrdia Urbana movió solamente en un día al depósito municipal 17 patinetes de Reby y Bird y 16 sillas de Looper, una actuación que se llevó a cabo luego de que estas compañías recibieran 1.500 multas de 100 euros cada una desde el 16 de agosto, osea, en menos de un mes.

En relación a accidentes de transportes de movilidad personal, las mismas fuentes municipales apuntan que el Ayuntamiento aún no tiene datos publicables, pero a evaluar por el último reporte anual de la Fiscalía General del Estado, son bastante menos varios que las sanciones. De acuerdo con la investigación, en 2018 se asentaron 273 siniestros de patinetes eléctricos en 44 localidades españolas, una media de seis por cada una.

La Fiscalía ten en cuenta que estos artefactos no son «juguetes», sino transportes que tienen que respetar las normas de seguridad vial, y considera necesaria una legislación estatal que también de a patinadores, plantee responsabilidades a shoppings y ayuntamientos. Y sucede que aunque apunta que los individuos, en varios casos, no respetan las normas de circulación, recalca que los comerciantes no ofrecen bastante información y algunas veces proponen patinetes cuyo límite de agilidad se puede cambiar con el apoyo de internet. En relación a los ayuntamientos, apunta que ponen en marcha normativas municipales poco funcionales.

25 compañías a la espera

25 empresa de alquiler de patinetes eléctricos compartidos acordaron con el Ayuntamiento no operar en Barcelona hasta que permanezca una normativa municipal para ellas.

Según el Consistorio, si todas abrieran, habría unos 10.000 vehículos de esta clase en la localidad.

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